LA NECESIDAD DE UNA VERDADERA REFORMA JUDICIAL QUE ERRADIQUE EL SISTEMA INQUISITIVO
SEGURIDAD Y JUSTICIA

LA NECESIDAD DE UNA VERDADERA REFORMA JUDICIAL QUE ERRADIQUE EL SISTEMA INQUISITIVO

 El pasado martes 1 de setiembre, el Foro Regional Rosario realizó una charla sobre la Reforma Judicial y el Rol de la sociedad civil, que tuvo como disertantes a Daniel Erbetta, Ministro de Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y Héctor Chayer, consultor Internacional y experto en gestión pública y judicial.

Los especialistas realizaron una fuerte crítica al actual funcionamiento de la Justicia Federal y coincidieron en que el proyecto de reforma que tuvo media sanción en el Senado de la Nación, no implica una reforma judicial, sino un agrandamiento de la Justicia y una continuación del modelo inquisitivo ortodoxo, que ha demostrado ser ineficiente en todo el mundo. Señalaron que una verdadera reforma debe apuntar a transformar el actual sistema mixto, en un sistema acusatorio, como el que hoy está vigente en la provincia de Santa Fe, que funcione con los juicios por Jurado, necesarios para democratizar el poder y habilitar la participación de los ciudadanos.
Héctor Chayer, ex coordinador del Programa Justicia 2020, indicó que el proyecto de reforma plantea que para solucionar la politización de los doce jueces federales criminales y correccionales (en referencia a los Tribunales de Comodoro Py), en lugar de investigar a esos los jueces, se agregan 11 en los penal económico y se crean 23 juzgados adicionales, ocupados por jueces subrogantes.
En este punto señaló dos falencias: “no hay ningún tipo de fundamento empírico, es decir, cálculo de la carga de trabajo que justifique crear 23 juzgados federales nuevos en la Ciudad de Buenos Aires, que además serán ocupados por jueces subrogantes”. Sobre este punto recordó que “nombrar jueces provisorios sin que los cargos estén cubiertos previamente por un juez titular es inconstitucional. Contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema, plasmada en el art. 14 de la ley 27.439 de 2018 que considera nulo, de nulidad absoluta, designar jueces subrogante para desempeñar funciones en un tribunal que no hubiese contado previamente con magistrados titulares”.
En referencia a la Justicia Federal con asiento en las provincias, Chayer comentó que implicará la designación de 293 magistrados y 1226 funcionarios y empleados. De esta manera, según las estimaciones presupuestarias de la ONG “Unidos por la Justicia”, esta ampliación de la Justicia Federal implica más de 5 mil millones de pesos en sueldos anuales, 3500 millones de pesos en infraestructura y 1370 millones de pesos en infraestructura y tecnología.
Otro de los temas abordados fueron las declaraciones de la oposición y algunos líderes de opinión a esta Reforma, que según argumentan puede facilitar la impunidad de funcionarios con causas judiciales, como es el caso de la vicepresidente Cristina Fernández. Al respecto, Daniel Erbetta, ratificó que “no hay un solo artículo que permita derivar o deducir razonablemente que se está edificando un recinto de impunidad. Lo que sí se menciona es que las causas que están en trámite van a seguir en los mismos juzgados”.
El Ministro de Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, retomó las críticas al actual sistema de Justicia Federal que en su etapa inquisitiva tiene un juez de instrucción, que puede construir y adueñarse de los casos como propios y cuenta con el expediente escrito, fuente de la cultura burocrática del trámite y de la posibilidad de regular (en función de la dinámica política o los propios intereses) la "trazabilidad" de los procesos.
Dijo que “la Justicia Federal tiene problemas estructurales en todo el país, pero Comodoro Py constituye una muestra de todo lo negativo que puede haber”, pero aclaró que el problema del proyecto aprobado por el Senado constituye “una propuesta regresiva y en alguna medida, una contra reforma. El problema estructural de la Justicia Federal no se va a solucionar ampliando descomunalmente en términos presupuestarios, de recursos humanos y de estructura, precisamente esos mismos problemas estructurales”
Enfatizó que si se quiere dejar atrás la desafortunada experiencia de Comodoro Py y, con una mirada más federal, recuperar una justicia federal pública, transparente, eficiente y con mayores garantías de independencia e imparcialidad, el camino es el que está previsto en la ley 27.063, que se sancionó en 2014 y cuya implementación fue resistida.
A modo de resumen, el magistrado explicó que una verdadera reforma debe apuntar a un sistema de audiencias públicas y orales (incompatible con el expediente escrito y con la delegación de funciones), con jueces nucleados en un colegio (incompatible con la estructura de juzgado y donde ya no hay “propietarios” de los casos), que se limiten exclusiva y excluyentemente a ejercer la jurisdicción (no a administrar una pyme), donde todo el gerenciamiento del sistema quede a cargo de las oficinas judiciales o de gestión (área para las que ningún abogado ha sido formado).
“Lo que hay que cambiar es una concepción de ejercicio de poder. Y la reforma que se ha presentado concibe una misma lógica”, indicó.
 
 
 
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Foro Regional Rosario
LA NECESIDAD DE UNA VERDADERA REFORMA JUDICIAL QUE ERRADIQUE EL SISTEMA INQUISITIVO

 El pasado martes 1 de setiembre, el Foro Regional Rosario realizó una charla sobre la Reforma Judicial y el Rol de la sociedad civil, que tuvo como disertantes a Daniel Erbetta, Ministro de Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y Héctor Chayer, consultor Internacional y experto en gestión pública y judicial.

Los especialistas realizaron una fuerte crítica al actual funcionamiento de la Justicia Federal y coincidieron en que el proyecto de reforma que tuvo media sanción en el Senado de la Nación, no implica una reforma judicial, sino un agrandamiento de la Justicia y una continuación del modelo inquisitivo ortodoxo, que ha demostrado ser ineficiente en todo el mundo. Señalaron que una verdadera reforma debe apuntar a transformar el actual sistema mixto, en un sistema acusatorio, como el que hoy está vigente en la provincia de Santa Fe, que funcione con los juicios por Jurado, necesarios para democratizar el poder y habilitar la participación de los ciudadanos.
Héctor Chayer, ex coordinador del Programa Justicia 2020, indicó que el proyecto de reforma plantea que para solucionar la politización de los doce jueces federales criminales y correccionales (en referencia a los Tribunales de Comodoro Py), en lugar de investigar a esos los jueces, se agregan 11 en los penal económico y se crean 23 juzgados adicionales, ocupados por jueces subrogantes.
En este punto señaló dos falencias: “no hay ningún tipo de fundamento empírico, es decir, cálculo de la carga de trabajo que justifique crear 23 juzgados federales nuevos en la Ciudad de Buenos Aires, que además serán ocupados por jueces subrogantes”. Sobre este punto recordó que “nombrar jueces provisorios sin que los cargos estén cubiertos previamente por un juez titular es inconstitucional. Contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema, plasmada en el art. 14 de la ley 27.439 de 2018 que considera nulo, de nulidad absoluta, designar jueces subrogante para desempeñar funciones en un tribunal que no hubiese contado previamente con magistrados titulares”.
En referencia a la Justicia Federal con asiento en las provincias, Chayer comentó que implicará la designación de 293 magistrados y 1226 funcionarios y empleados. De esta manera, según las estimaciones presupuestarias de la ONG “Unidos por la Justicia”, esta ampliación de la Justicia Federal implica más de 5 mil millones de pesos en sueldos anuales, 3500 millones de pesos en infraestructura y 1370 millones de pesos en infraestructura y tecnología.
Otro de los temas abordados fueron las declaraciones de la oposición y algunos líderes de opinión a esta Reforma, que según argumentan puede facilitar la impunidad de funcionarios con causas judiciales, como es el caso de la vicepresidente Cristina Fernández. Al respecto, Daniel Erbetta, ratificó que “no hay un solo artículo que permita derivar o deducir razonablemente que se está edificando un recinto de impunidad. Lo que sí se menciona es que las causas que están en trámite van a seguir en los mismos juzgados”.
El Ministro de Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, retomó las críticas al actual sistema de Justicia Federal que en su etapa inquisitiva tiene un juez de instrucción, que puede construir y adueñarse de los casos como propios y cuenta con el expediente escrito, fuente de la cultura burocrática del trámite y de la posibilidad de regular (en función de la dinámica política o los propios intereses) la "trazabilidad" de los procesos.
Dijo que “la Justicia Federal tiene problemas estructurales en todo el país, pero Comodoro Py constituye una muestra de todo lo negativo que puede haber”, pero aclaró que el problema del proyecto aprobado por el Senado constituye “una propuesta regresiva y en alguna medida, una contra reforma. El problema estructural de la Justicia Federal no se va a solucionar ampliando descomunalmente en términos presupuestarios, de recursos humanos y de estructura, precisamente esos mismos problemas estructurales”
Enfatizó que si se quiere dejar atrás la desafortunada experiencia de Comodoro Py y, con una mirada más federal, recuperar una justicia federal pública, transparente, eficiente y con mayores garantías de independencia e imparcialidad, el camino es el que está previsto en la ley 27.063, que se sancionó en 2014 y cuya implementación fue resistida.
A modo de resumen, el magistrado explicó que una verdadera reforma debe apuntar a un sistema de audiencias públicas y orales (incompatible con el expediente escrito y con la delegación de funciones), con jueces nucleados en un colegio (incompatible con la estructura de juzgado y donde ya no hay “propietarios” de los casos), que se limiten exclusiva y excluyentemente a ejercer la jurisdicción (no a administrar una pyme), donde todo el gerenciamiento del sistema quede a cargo de las oficinas judiciales o de gestión (área para las que ningún abogado ha sido formado).
“Lo que hay que cambiar es una concepción de ejercicio de poder. Y la reforma que se ha presentado concibe una misma lógica”, indicó.
 
 
 
LA NECESIDAD DE UNA VERDADERA REFORMA JUDICIAL QUE ERRADIQUE EL SISTEMA INQUISITIVO